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En plena crisis económica, y con las ideas keynesianas quedando demostradas una vez más, se sigue insistiendo desde diversos sectores empresariales en una necesaria bajada de impuestos, con la consiguiente contracción del gasto público. John Maynard Keynes proponía todo lo contrario, pues cuando la inversión privada disminuye drásticamente (lo que suele pasar cuando no hay incentivos económicos egoístas que muevan la actividad empresarial), el Estado debe aumentar su inversión para contrarrestar el parón de la iniciativa privada. Así, se logra atenuar la disminución de la inversión total de una economía, con la consiguiente atenuación de las consecuencias sociales de dicha situación de crisis. Este aumento inversor debe de ser abordado mediante fondos que el Estado debe de reservar para épocas caracterizadas por una reducción de la producción. Con una bajada de impuestos a las actividades empresariales, probablemente se consiguiera disminuir la destrucción de empleo en el sector privado, pero nadie asegura que dicha rebaja no se traduzca automáticamente en beneficio extra para el empresario, con la consiguiente pifia política y económica de dicha medida, pues el dinero habría pasado directamente a las garras del beneficio empresarial. Por otra parte, una rebaja fiscal conlleva una menor inversión pública, lo que a su vez implica graves consecuencias para la ciudadanía, como el empeoramiento de los servicios y prestaciones sociales, la cancelación de proyectos estatales que generan empleo, en definitiva, una gran disminución de la actividad industrial y el consecuente empeoramiento de la crisis. Los beneficios empresariales, en tanto que son un monto económico adicional al coste de producción de los bienes y servicios, pueden considerarse un impuesto especial, el impuesto encubierto. Es un impuesto indirecto (todos los ciudadanos abonan la misma cantidad sin tener en cuenta su nivel de renta), y todos los consumidores tienen la obligación de pagarlo sin capacidad de influir u opinar en la cuantía, es decir, sin influir en el tipo de gravamen al que se ven sometidos, no es democrático. De hecho, el gravamen impositivo queda fijado por el mercado, algo incontrolable para la ciudadanía y con un punto de equilibrio de dudosa justicia social. En épocas de bonanza económica el tipo impositivo sube drásticamente y en épocas de crisis, aunque baje algo, siempre sigue existiendo. Mucha propaganda negativa para los impuestos del Estado pero que no les toquen su impuesto encubierto. El sector empresarial siempre se ha preocupado de bajar los salarios cuando se avecina una crisis económica, para así, reducir costes de producción, con el consiguiente aumento del beneficio empresarial. Una vez más, el impuesto encubierto se sale con la suya, pues aunque el precio de consumo del bien en cuestión bajara, el empresario velará por la existencia de un margen suficientemente grande para que exista dicho tipo impositivo, para que exista el beneficio. Es curiosa esta actitud del empresario, pues en épocas de bonanza económica apenas se preocupan por repartir el beneficio proveniente del incremento de la producción con sus trabajadores, es decir, poco se preocupan de subir los salarios en las épocas que la empresa sí puede subirlos; pero bien que se acuerdan de rebajar los salarios en épocas de crisis, todo sea por salvar de la quema al impuesto encubierto.
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