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Llevamos ya unos cuantos años asistiendo al debate de la insostenibilidad del sistema público de pensiones, en concreto, desde el año 2000 se vienen publicando informes por parte del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central Europeo, de la Unión Europea y del Banco Mundial reclamando una reforma urgente de las pensiones públicas para poder hacerlas viables en un futuro. España es un caso paradigmático, pues preveían el colapso del sistema público de pensiones para el año 2000, nada más lejos de la realidad. De 2000 a 2010 el Fondo de Reserva ha aumentado en 62 000 millones de euros, el equivalente al 6% del PIB español, presentando superávit durante todos estos ejercicios. (“Informes alarmistas que no se cumplen” Diario Público ). Detrás de toda esta polémica se esconde la batalla ideológica que la corriente neoliberal tiene contra el Estado de Bienestar, es decir, la batalla por la privatización de los servicios públicos. Aprovechando la situación actual de crisis económica, con el miedo a flor de piel, se produce un nuevo ataque contra el Estado de Bienestar, cuestionando económicamente el sistema en un momento puntual y singular, que nada tiene que ver con la planificación a largo plazo del sistema, incluido el de pensiones. El sistema público de pensiones es una de las patas del sistema del bienestar. Es un derecho adquirido por la ciudadanía, pues es justo que una persona cuando va envejeciendo y perdiendo facultades tenga asegurado su mantenimiento económico por el mero hecho de ser ciudadano de este país. Lo que realmente deberíamos plantearnos, ante problemas futuros por el envejecimiento de la población, es si el sistema público de pensiones debería mantener un equilibrio entre el gasto que genera y las cotizaciones que se ingresan. En este sistema capitalista, un servicio público es, entre otras cosas, aquel que es garantizado por el Estado por diferentes cuestiones, entre ellas, la sostenibilidad económica, manteniendo un coste bajo para el ciudadano. Normalmente, un servicio público pone a disposición del ciudadano actividades que la empresa privada no podría llevar a cabo por su carácter deficitario. Podemos pensar en el servicio público sanitario, ninguna empresa privada podría dar un servicio de tal magnitud si no fuera capaz de afrontar cada año el déficit económico que el sistema genera. Servicios como la educación, ninguna empresa privada podría dar un servicio universal de educación a tan bajo coste para el ciudadano si no fuera capaz de afrontar un déficit económico. Hay que cambiar el rumbo del debate, y enfrentarnos a la cuestión de si las pensiones deberían de ser un derecho ciudadano que el Estado debe garantizar. Si pensamos que sí, la viabilidad económica debería estar garantizada vía impuestos y de una manera progresiva, al igual que se hace con otros servicios públicos universales. La cuestión de fondo es una cuestión ideológica, pues lo que realmente se pone en cuestión es el Estado de Bienestar. La degradación del sistema público de pensiones, previo paso a su privatización, sería un grave error en el objetivo de conseguir un Estado fuerte que fuera capaz de gobernar los países y regular los mercados.
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