En economía existe una máxima en lo que se refiere a los costes y los beneficios de la producción. Los Ingresos han de ser, como mínimo, iguales a los Costes (I=C). Esta fórmula nos permite calcular, por ejemplo, el precio mínimo de un producto o el beneficio 0, a partir del cual empezaríamos a obtener beneficios.

Sin embargo, la actual tendencia empresarial se empeña en incluir los propios beneficios en esa ecuación, pasando a formar parte de los costes. Los beneficios han de existir, y ser cada vez mayores- El PSOE quiere ayudarles a que esto sea así, pues dentro de las enmiendas presentadas a la Reforma Laboral se incluyen 3 supuestos como causas de despido objetivo, siendo uno de ellos la "disminución relevante de los beneficios de las compañías".

Al aumentar la inversión pública se producirían una serie de multiplicadores que podría beneficiar a nuestra economía en varios sentidos. Por un lado, aumentaría el número de contrataciones y disminuiría el paro. Al disminuir el paro tendríamos un ligero aumento del consumo privado, aunque seguramente limitado por el estado de ánimo actual del consumidor. Por otro lado, la inversión pública pondría en funcionamiento el tejido empresarial que rodeara sus acciones, por lo que tendería a haber un ligero aumento de la actividad empresarial.

  El problema es el alcance que tiene aumentar un euro más la inversión pública. Seguramente se desencadenaran tendencias positivas en nuestra economía que, acompañadas de una mejoría en el estado de ánimo del ciudadano, repercutirían en un crecimiento mucho mayor que el propio euro invertido. Quizás estos efectos multiplicadores de la economía nos llevaran a la situación en la que, aumentando la inversión pública, se disminuyera el déficit.

Por lo tanto es momento de aumentar la inversión pública. La financiación de dicha inversión debería estar avalada por el Banco Central Europeo, comprando deuda estatal de los países de la zona euro y evitando que los tiburones de los mercados aprovechen la situación para acorralar aún más a los Estados, así evitaríamos tener que financiarnos por la vía de los mercados privados de capitales. Si ha habido dinero para los bancos, ahora tiene que haberlo para los Estados. 

El sistema público de pensiones es una de las patas del sistema del bienestar. Es un derecho adquirido por la ciudadanía, pues es justo que una persona cuando va envejeciendo y perdiendo facultades tenga  asegurado  su mantenimiento económico por el mero hecho de ser ciudadano de este país. Lo que realmente deberíamos plantearnos, ante problemas futuros por el envejecimiento de la población, es si el sistema público de pensiones debería mantener un equilibrio entre el gasto que  genera y las cotizaciones que se ingresan.

En este sistema capitalista, un servicio público es, entre otras cosas, aquel que es garantizado por el Estado por diferentes cuestiones, entre ellas, la sostenibilidad económica, manteniendo un coste bajo para el ciudadano. Normalmente, un servicio público pone a disposición del ciudadano actividades que la empresa privada no podría llevar a cabo por su carácter deficitario. Podemos pensar en el servicio público sanitario, ninguna empresa privada podría dar un servicio de tal magnitud si no fuera capaz de afrontar cada año el déficit económico que el sistema genera. Servicios como la educación, ninguna empresa privada podría dar un servicio universal de educación a tan bajo coste para el ciudadano si no fuera capaz de afrontar un déficit económico.

Hay que cambiar el rumbo del debate, y enfrentarnos a la cuestión de si las pensiones deberían de ser un derecho ciudadano que el Estado debe garantizar. Si pensamos que sí, la viabilidad económica debería estar garantizada vía impuestos y de una manera progresiva, al igual que se hace con otros servicios públicos universales. 

En el caso de la huelga del metro de Madrid, el incumplimiento esporádico de los servicios mínimos ha venido precedido por dos incumplimientos no menos salvajes de la legalidad por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. En primer lugar se ha pretendido modificar, sin ninguna negociación con la representación de los trabajadores, el convenio en vigor. Lo que es tan salvaje como una huelga salvaje, sólo que lo antecede. Si la norma declara ilegal la huelga “cuando tenga por objeto alterar, dentro de su propio período de vigencia, lo pactado en un Convenio Colectivo” hay que colegir que esa misma ilegalidad, ese mismo comportamiento “salvaje”, es atribuible a la parte empresarial cuando pretende alterar unilateralmente el convenio. En segundo lugar, ha establecido unos servicios mínimos claramente abusivos que, como ha sucedido en tantas ocasiones, terminarán siendo rechazados por los tribunales dentro de algunos años, sin consecuencia ninguna para sus promotores.